La Comisión Foral de Régimen Local (CFRL), órgano de colaboración entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales representadas por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), ha celebrado una nueva sesión en la que se han abordado tres proyectos normativos con incidencia directa en la Administración Local.
Entre ellos, ha destacado el respaldo de los representantes municipales al proyecto de Decreto Foral sobre implantación de actividades industriales en suelo rústico, así como al decreto regulador de los procesos electorales. En cambio, han expresado una posición desfavorable respecto al nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los centros públicos educativos.
En lo relativo al proyecto de Decreto Foral de modificación del Decreto 84/1990, las entidades locales han valorado positivamente su enfoque, orientado a facilitar la implantación de determinadas actividades en el entorno rural como vía para combatir la despoblación.
La nueva regulación amplía las actividades permitidas en suelo no urbanizable, posibilitando construcciones singulares relacionadas con la actividad agraria —como trujales, bodegas, queserías o instalaciones agroalimentarias— y permite, en municipios en riesgo de despoblación, autorizar cualquier actividad que reutilice edificaciones o instalaciones existentes o en desuso, independientemente de la categoría del suelo. Las entidades locales han destacado el equilibrio que plantea entre protección del territorio y desarrollo económico.
También ha contado con el visto bueno de la representación local el proyecto de Decreto Foral sobre la organización material y personal de los procesos electorales gestionados por la Comunidad Foral. La norma busca sustituir los actuales convenios ‘ad hoc’ con el Estado por una regulación propia, y establece un marco normativo para las compensaciones, gratificaciones e indemnizaciones que deben percibir las personas que participan en los comicios. Asimismo, regula la gestión de los medios materiales necesarios para garantizar la correcta realización de las elecciones al Parlamento y a los concejos, que son competencia de la Administración Foral.
Por el contrario, las entidades locales han mostrado su desacuerdo con el proyecto de reglamento de organización y funcionamiento de los centros públicos educativos, elaborado por el Departamento de Educación. Aunque su objeto principal es regular las funciones de los equipos directivos y el funcionamiento de centros que imparten enseñanzas obligatorias, también introduce alguna previsión adicional que afecta a los centros que imparten Educación Infantil y Primaria.
Entre ellas, se plantea la posibilidad de agrupar en una misma unidad a niños y niñas de distintas edades con ratios específicas: 12 por aula para unidades de 1 a 3 años, 14 para unidades de 2 y 3 años, y 12 para aulas mixtas a partir de 2 años.
Los representantes de la FNMC solicitaron más tiempo para analizar en profundidad las implicaciones del decreto, especialmente en lo que afecta al ciclo de Educación Infantil. Sin embargo, desde el Departamento de Educación se alegó que no era posible dado que los plazos previstos para la aprobación y entrada en vigor del texto impedían demorar su tramitación. Ante ello, la representación local emitió informe desfavorable.
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