15 de septiembre de 2023

La Cámara de Comptos critica el aumento de subvenciones nominativas que, en buena medida, tiene como destinatarias a entidades locales

La mayor parte se crean vía enmienda parlamentaria y se aprueban con el apoyo de los partidos que sustentan el Gobierno. El dinero que reparten así a los ayuntamientos con nombres y apellidos ha pasado de 17 millones a 43 en tres años. La Cámara señala una “desigualdad de trato”. También son beneficiarias de este sistema las ONG y organizaciones sociales

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En 2019, los Presupuestos Generales de Navarra incluyeron 55 partidas nominativas. En 2022 eran ya 241, muchas de ellas para ayuntamientos o concejos. El exponencial crecimiento en esta forma de repartir dinero público sin necesidad de concurrencia competitiva tiene su origen en la pasada legislatura y se produce sobre todo mediante enmiendas parlamentarias que presentan, en su práctica totalidad, los partidos que sustentan el Gobierno y tiene, por tanto, mayoría suficiente en la Cámara para aprobar dichas enmiendas.

En el caso de los ayuntamientos, no se conocían tales excesos en el reparto con nombre y apellidos desde los principios de la democracia, cuando aún no se había creado un sistema de distribución de fondos públicos como el actualmente previsto, que se realiza generalmente mediante concurrencia competitiva y con aplicación de criterios claros de adjudicación. Se da la circunstancia de que para muchas de las subvenciones recibidas por esta vía ya existe el Plan de Inversiones Locales u otras convocatorias de distintos Departamentos.

La Cámara de Comptos dice en su informe que esta vía de financiación debe ser excepcional “Son ayudas –recuerda además- cuya iniciativa procede tanto del Gobierno de Navarra como del Parlamento. En el primer caso, el Ejecutivo las incluye en el proyecto de ley de presupuestos. En el segundo, las promueven los grupos parlamentarios a través de enmiendas en la discusión de los Presupuestos”.

Beneficiarios: entidades locales y ONG

En cuanto a los grupos parlamentarios proponentes de enmiendas aprobadas entre 2020 y 2022 – continúa Comptos-, al PSN corresponde el 28%, mismo porcentaje que Geroa Bai. El 13% se aprobaron por iniciativa de los grupos del Gobierno y el apoyo de EH Bildu. Otro 13% fueron promovidas por este último grupo. Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra impulsaron cada uno el 7% de las enmiendas aprobadas.

La Cámara de Comptos ha analizado más de cuatrocientas partidas nominativas con un gasto de unos 60 millones. En tres de cada cuatro, el objetivo de la subvención coincide con las ayudas de convocatorias anuales en régimen de concurrencia. En esos casos, los porcentajes de financiación y los límites máximos financiables superan los de las convocatorias anuales.

El informe apunta que en las convocatorias en régimen de concurrencia cuyo objeto coincide con las subvenciones nominativas, la mitad de las solicitudes se deniegan por falta de crédito. Al respecto, el informe dice que “destinar recursos presupuestarios a subvenciones nominativas mientras se deniegan subvenciones para el mismo objeto a través del régimen de concurrencia competitiva, genera una desigualdad de trato que debe evitarse”.

Conclusiones

La Cámara de Comptos no cuestiona la legalidad de las subvenciones nominativas y avala la gestión procedimental de las mismas. No obstante, remarca su carácter excepcional. En este sentido, no considera razonable el significativo aumento de las subvenciones nominativas aprobadas a través de enmiendas parlamentarias. La razón, “que serían susceptibles de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, publicidad y concurrencia”.

La Cámara de Comptos apunta también la “distorsión” que implica que el Departamento de Cohesión Territorial financie a través de subvenciones nominativas infraestructuras susceptibles de recibir ayudas del Fondo de Haciendas Locales.

El informe finaliza recomendando que la concesión directa de subvenciones sea excepcional, tendiendo siempre hacia el régimen de concurrencia y evitando destinar recursos a beneficiarios concretos sin causa que lo justifique.

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