Se aplaza a octubre de 2020 la entrada en vigor de relevantes obligaciones sobre Administración electrónica
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El Gobierno central ha aplazado al 2 de octubre de 2020 la entrada en vigor de las principales disposiciones en materia de Administración electrónica contempladas en la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. La modificación de dicho plazo se incluye en el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE del 4 de septiembre.
El texto literal del real decreto señala: “La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020”.
Como se sabe, las Administraciones locales están en estos momentos en pleno proceso de adaptación a los requisitos electrónicos, pero, en general, no han culminado aún el mismo, que se prolongará durante los próximos años.