Federación Navarra de Municipios y Concejos

La deuda viva de los ayuntamientos navarros ascendía, a 31 de diciembre de 2017, a 176 millones de euros, y bajaba, así, de la barrera de los 200 millones, por encima de la cual ha estado desde hace al menos una década. El descenso ha vuelto a ser notable (un 16,5%), si se tiene en cuenta que un año antes sobrepasaba los 211 millones. Las otras entidades locales (mancomunidades, concejos…) arrojan números apenas significativos.

Además, sigue creciendo el número de ayuntamientos que no deben nada, que en diciembre pasado llegó a 112 (el 41%).

Cabe señalar, por otra parte, que el endeudamiento es una señal de normalidad en las Administraciones Locales, dado que habitualmente deben realizar inversiones (calles, alumbrados, edificios…) que se financian a menudo en una parte mediante créditos que se amortizan en los años siguientes. De hecho, esta es quizás una de las causas de la constante disminución del número de municipios endeudados.

Las razones del rápido descenso de la deuda

Porque una de las razones del rápido descenso de la deuda hay que buscarla en el hecho de que en los últimos años las entidades locales no han hecho apenas inversiones, al quedar bajo mínimos las subvenciones de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra y el Plan de Inversiones Locales. Generalmente, tanto las subvenciones departamentales como la aportación del Fondo cubren una parte de cada inversión y los ayuntamientos acuden al crédito para financia el resto. Esta bajada de aportaciones de la Hacienda Foral alcanza también al primer año del nuevo Plan de Inversiones Locales (2017-2019), ya que los retrasos por parte del Departamento en la tramitación de los expedientes correspondientes a las obras de 2017 han hecho que en dicho ejercicio apenas se iniciaran algunas.

Otra de las causas del rápido descenso del endeudamiento hay que achacarla a la normativa de estabilidad presupuestaria aprobada por Madrid durante la crisis. Este conjunto de leyes incluye, por ejemplo, la llamada regla de gasto, que prohíbe aprobar presupuestos por encima de un porcentaje similar al incremento del PIB, aunque se sepa que los ingresos van a ser mayores. Esta norma se combina con las limitaciones en el uso de los superávit que se produzcan que, a menudo, abocan a la corporación a dedicarlo a amortizar deuda.

Y tampoco hay que descartar entre las razones la mejoría general de la economía, con el consecuente incremento de los ingresos en las arcas de la Administración.

Buenos gestores

Sin embargo, todo ello no explica por sí solo el buen estado de las finanzas municipales, porque una de las razones principales hay que buscarla en la tradicional buena gestión que realizan las entidades locales. Tanto en tiempos de bonanza como en crisis, los cargos electos han hecho gala de prudencia en la gestión de los recursos públicos y en los últimos años, los municipios que se exceden en el gasto más allá de lo razonable son un mínimo porcentaje.