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14 de octubre de 2021

El Parlamento de Navarra insta al Congreso a legislar para solucionar la problemática suscitada en torno a las agrupaciones de electores y los partidos locales

La petición se realiza tras rechazar el Congreso una proposición de ley en este sentido y remitir la propuesta a la comisión de las Cortes que analiza una posible reforma del régimen electora

La demanda tiene su origen en las actuaciones llevadas a cabo por la FNMC la pasada legislatura

El Pleno del Parlamento ha aprobado, por unanimidad, una resolución por la que se insta al Congreso de los Diputados a que, “en el seno de la Comisión Constitucional, convoque de manera urgente la Subcomisión para la reforma de la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con el fin de abordar los cambios legislativos pertinentes para solucionar la problemática suscitada en torno a las agrupaciones de electores y los partidos locales”.

En la exposición de motivos, la resolución evoca la iniciativa legislativa de carácter estatal que, a fin de adecuar -con carácter retroactivo- los límites de los gastos electorales y las sanciones por incumplimiento de los requisitos legales de financiación, defendió el Parlamento de Navarra el pasado 14 de septiembre ante el Congreso y, a ese respecto, urge a constituir la subcomisión cuya creación aprobó la Cámara Baja en abril, al objeto de abordar todas esas cuestiones.

Según se explica, la iniciativa del Legislativo Foral, en línea con las demandas de la FNMC, tiene por objeto posibilitar que en los procesos electorales municipales el límite de gasto se ajuste a las necesidades reales. En este sentido, cabe recordar que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General fija un límite de gasto de campaña para las agrupaciones electorales y los pequeños partidos que concurren en un único municipio de 0,11 céntimos de euros por habitante, sin dejar opción a contar con el complemento provincial del que disponen los partidos mayoritarios.

Además, se pretende la eliminación de la sanción mínima de 50.000 euros en los casos en los que el gasto electoral supere en más de un 10% del máximo establecido, algo que se incluyó en la última modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.

La iniciativa rechazada por el Congreso de los Diputados proponía dotar a estas medidas de efectos retroactivos, para hacer viable su aplicación a las formaciones que concurrieron a las elecciones municipales de 2015 y 2019.

Así las cosas, se aduce que el rechazo de esta propuesta aboca a un buen número de agrupaciones y pequeños partidos a una situación “preocupante, ya que no solo siguen en pie los expedientes sancionadores de 2015, sino que podrían iniciarse los de 2019”.

Por todo ello y sin más propósito que el de “impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos de nuestros municipios”, se demanda una solución democrática a un problema que choca con la lógica de la igualdad de oportunidades, en este caso en materia de régimen electoral.