Las entidades locales informan favorablemente el decreto que regula los centros de mayores y personas con discapacidad

22 julio, 2020
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Los representantes locales en la Comisión Foral de Régimen Local han informado favorablemente esta mañana el Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el funcionamiento de los Servicios Residenciales de día y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental e inclusión social, del sistema de servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra. La norma regulará el contenido y el funcionamiento de estos servicios, los requisitos mínimos para obtener autorizaciones y los procedimientos para su tramitación.

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Entre otros extremos, regula el procedimiento de autorización para la apertura de estos centros y la modificación de aquellos donde vaya a prestarse servicios sociales autorizados. Además, exige autorización para el cese del servicio y flexibiliza el procedimiento de autorización y cambio de titularidad.

A lo largo de su articulado, establece los requisitos y procedimientos para la obtención de las homologaciones administrativas en función de indicadores de calidad en el empleo de los profesionales, la información económico financiera y de gestión.

Por otra parte, establece unos principios generales de funcionamiento ligados a la atención centrada en la persona y detalla las obligaciones de las entidades que presten servicios sociales. Entre ellas, la de suministrar la información que se requiera por el Departamento de Derechos Sociales. Además, para las entidades que presten servicios sociales en el sistema público de servicios sociales o hayan resultado beneficiarias de subvenciones se establecen obligaciones adicionales (proporcionar los datos económicos de que se le requieran, comunicar las incidencias de carácter grave, o comunicar el inicio de expedientes sancionadores por faltas muy graves).

Todas las entidades deben contar con un Plan de Contingencia para hacer frente a crisis de salud pública.

El texto incluye también todos los deberes y derechos de las personas usuarias, regula la configuración y funcionamiento del Consejo de Participación de cada centro, previendo la posibilidad de que participen representantes de la entidad local donde se ubica, cuando no sea la entidad titular del mismo, y prevé la constitución de la Red de apoyo a la Atención Centrada en la Persona (ACP).

Más humanizado y participativo

La nueva norma tiene entre sus objetivos básicos profundizar en la humanización del servicio y de los centros y en la participación de las personas beneficiarias y sus familias. Por ello, habla de una atención integral y centrada en la persona, con un proceso continuo de escucha y aprendizaje. Esa necesaria participación se concretará en un Plan de Atención Individualizada para cada persona usuaria.

La memoria del Proyecto destaca la incorporación de derechos como el de participar en la organización, actividades y desarrollo de la vida del centro, a decidir sobre los horarios de acostarse, de comidas, etc.

Para su implementación, se crean órganos específicos como el Consejo de Participación de los centros, donde se aumenta el número de representantes de las personas usuarias, familiares, etc. También se ha incorporado de una forma más operativa el derecho de las entidades locales a participar en esa gestión y a estar informadas sobre la misma.

En materia de personal se introduce la figura del profesional de referencia y, para las residencias, se incluye además una persona de apoyo con experiencia. Se regula también la obligación de que exista además de un Plan de Formación del Personal, un Plan para las nuevas incorporaciones y un Plan de prevención de riesgos laborales.

Humanización de los espacios

El decreto pretende conseguir también que el centro residencial sea lo más parecido a un domicilio. En este sentido, para todos los centros residenciales para personas mayores de futura y nueva construcción, así como para obras que supongan ampliaciones de más de quince plazas se exigen unidades de convivencia con una capacidad máxima general de 16 personas.

Así mismo, junto a los requisitos materiales y exigencias urbanísticas de habitabilidad se prevé la disponibilidad de jardines o espacios exteriores donde poder pasear, etc.

Periodo transitorio

Las disposiciones transitorias establecen, entre otras cosas, un plazo de cuatro años para que los centros ya en funcionamiento cumplan con la norma.

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