Aprobada la toma en consideración de la PLF para modificar el límite de gasto de las campañas electorales de las agrupaciones locales

31 octubre, 2019
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El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó, el pasado 31 de octubre, la toma en consideración de la Ley Foral que modifica parcialmente la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. La iniciativa, presentada por el expresidente de la FNMC, Pablo Azcona, persigue elevar el límite de gasto de las agrupaciones hasta términos que les permitan realizar una mínima campaña electoral y es continuación de las gestiones realizada por la Federación la pasada legislatura y que fueron abortadas en dos ocasiones por la disolución de las Cortes Generales.

Una vez tomada en consideración, la proposición de Ley será dictaminada en Comisión, antes de su definitivo debate y votación en Pleno. De resultar aprobada, la iniciativa deberá ser defendida por tres Parlamentarios/as Forales ante la Cámara Baja, siempre y cuando sea admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados.

De hecho, esta proposición de Ley se encuentra entre las ocho que el Parlamento de Navarra remitió en la IX Legislatura al Congreso de los Diputados para su tramitación (no llegó a calendarizarse) y que, tras la constitución de la nueva Cámara a resultas de la celebración de las elecciones forales del pasado 26 de mayo, ha quedado caducada.

Según señaló Azcona, la proposición de ley persigue “garantizar que el límite de gasto electoral permita realizar una mínima campaña electoral o al menos el envío directo de sobres y propaganda, y que dicho techo guarde relación con el importe de las subvenciones electorales a percibir”.

Por otro lado y dado que la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos tipifica como infracción la superación de los límites de gastos electorales previstos en la LOREG, estableciendo en todos los casos (también cuando se trata de formaciones que concurren en un solo municipio) una sanción mínima que, dependiendo de la tipificación, puede ser de 5.000, 25.000 o 50.000 euros, se resuelve suprimir, por desproporcionada, esa multa mínima.

En la exposición de motivos, se esgrime que la reciente experiencia de procedimientos sancionadores tramitados por el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que “cuando se trata de pequeñas formaciones políticas que concurren en un solo municipio, un exceso muy pequeño puede dar lugar a una desproporcionada sanción de 50.000 euros, debido al límite de gasto electoral que les resulta aplicable”.

Por todo ello, se entiende procedente abordar la modificación tanto del artículo 193 de la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, como del artículo 17 bis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos, suprimiendo, en este último caso, la sanción mínima a imponer.

Así las cosas, el apartado 2 del artículo 193 de la Ley Orgánica 5/19185, de Régimen Electoral General queda redactado como sigue:

“2. Para las elecciones municipales el límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. Cuando se trate de partidos o agrupaciones electorales que se presenten en una única circunscripción, el límite de gastos electorales señalado en el párrafo anterior no podrá ser inferior a 2.500 euros. En el supuesto de que dichos partidos o agrupaciones alcancen los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales, el límite de gasto electoral no podrá ser inferior a la cuantía subvencionable. Por cada provincia, aquellos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50 por 100 de su población de derecho, podrán gastar, además, otros 150.301,11 euros por cada una de las provincias en las que cumplan la referida condición”.

El último párrafo del apartado uno del artículo 17 bis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos, queda redactado como sigue:

“En ningún caso las sanciones previstas en el apartado a) serán inferiores a cincuenta mil euros”.

Dicho apartado a) alude a la “aceptación de donaciones o aportaciones que contravengan las limitaciones o requisitos establecidos en los artículos 4, 5, 7 y 8. Tendrán idéntica calificación la asunción, por terceras personas, de los gastos del partido en los términos indicados en el artículo 4.tres, así como aquellos acuerdos sobre condiciones de deuda que infrinjan la prohibición contenida en el artículo 4.cuatro”.

La letra b) del apartado dos del artículo 17 bis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos, queda redactada del siguiente modo:

“b) Por las infracciones previstas en el artículo 17 apartado dos b), una sanción cuyo importe irá del doble al quíntuplo del exceso de gasto producido”.

Y La letra b) del apartado tres del artículo 17 bis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos, queda redactada del siguiente modo:

“b) Por la infracción prevista en el apartado tres b), una sanción cuyo importe irá del doble al quíntuplo del exceso del gasto producido”.

El titular de la iniciativa considera que en este momento se dan las condiciones necesarias para, caso de que el dictamen que salga de Comisión sea validado en Pleno, recabar el respaldo del Congreso. De ser así, la iniciativa navarra, formulada en el marco del artículo 87.2 de la Constitución, se tramitaría como Ley ordinaria.

El artículo 87.2 recoge la posibilidad de que las Asambleas de las Comunidades Autónomas remitan a la Mesa del Congreso una proposición de ley (o soliciten al Gobierno del Estado la adopción de un proyecto de ley), delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa.

 

El artículo 212 del Reglamento del Parlamento de Navarra desarrolla esta capacidad de iniciativa legislativa ante el Congreso remitiendo la tramitación de las proposiciones al procedimiento legislativo ordinario. La única diferencia consiste en que, aprobada la proposición por el Pleno, esta no se remite al Presidente del Gobierno de Navarra, sino al Presidente del Congreso de los Diputados, para su tramitación en dicha Cámara.

 

 

 

 

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